Privatizar la sangre

"Para hoy había escogido ser Elbert Gleinstrud, una identidad falsa que había inventado para poder ir a donar sangre fuera de los periodos reglamentarios de descanso. Se había atiborrado a hierro y vitaminas para no ser suspendido en la primera prueba y llevarse, al menos, la recompensa mínima. Elbert estaba al límite de ser suspendido como donante de sangre por la mala calidad de su sangre, pero todavía lo podía intentar una vez más. En veinte minutos escasos ya había cumplido su objetivo. La tercera donación en lo que llevaba de mes. "En fin, hoy podré comer caliente" musitó para sí mientras esperaba la autorización del semáforo para pasar. El ligero mareo que te invade después de donar, sin embargo, se unió a la flojera y el dolor de cabeza que le acosaban hacía unos días, las piernas le tambalearon y ese momento de despiste bastó para que su cuerpo cayera sobre el primer carril de la calzada. Un coche veloz le embistió. Ahí acabaron las donaciones de Elbert, Josua, Gerard y Faust. Murió en el acto, sin apenas conciencia de que estaba muriendo". 

Cuando se dice "privatizar la sangre" el escenario al que estamos aludiendo es el de este microrelato: la sangre como producto sujeto a valoraciones del mercado. Si la sangre se pudiera comprar y vender libremente no estaríamos más lejos de una distopía que en 1984. Si no se tratara de la sangre no tendría ninguna objeción a jugar políticamente con ello pero es la sangre. La vida de muchas personas depende del acto altruista de ir a donar sangre, por lo que la cautela al hablar políticamente de ello debe ser la máxima. Hoy, la sangre está fuera del comercio y conviene que siga siendo así. Su tráfico está prohibido y el sector público, en estricto monopolio, gestiona las reservas y las políticas de obtención y distribución de la sangre. Eso no quiere decir, en absoluto, que deba estar fuera de nuestra mirada política, todo lo contrario, ésta debe ser intensa puesto que se trata de un asunto de la primera magnitud. No podemos permitirnos, no obstante, que una comunicación poco rigurosa ponga en jaque el sistema de transfusiones, alentando las suspicacias y poniendo en duda el carácter público de la actividad. Si la gente no va a donar por creer que se está comerciando con la sangre, entonces sí que estamos poniendo en riesgo la provisión universal y la atención indiscriminada a las personas enfermas que la necesitan. 

Últimamente corre el rumor de que la donación se está privatizando, que se tarifica nuestra sangre y se vende, como si hubiera un mercado. Eso no es cierto. El sistema público realiza la gestión en monopolio y luego carga el coste de la recogida y su tratamiento al sector privado. Si la cediera gratuitamente estaríamos ante una subvención que, en un sistema integrado de salud, sería lo que en derecho comunitario recibe el nombre de subvención cruzada. Los cobros se realizan por bolsas, ajustando el reembolso al consumo exacto realizado por las empresas privadas. Esto no quiere decir que la sangre cueste un tanto el litro. La gestión cuesta un tanto la bolsa, como fruto de un cálculo milimétrico de coste asociado a la recogida y distribución. 

Es cierto que sobre la sangre existen los mismos riesgos que sobre cualquier otra actividad. Ese riesgo no se llama privatización sino externalización. El monopolio no garantiza la aparición de zonas oscuras en la contratación o concesión de la gestión por empresas privadas, es más, esta posibilidad puede afectar a la calidad de la atención sanitaria y el bienestar de los enfermos. En cualquier caso, nuestra comunicación política tiene que estar destinada a salvaguardar esta actividad dentro de unos parámetros de garantía pública. Para conseguirlo hay que trabajárselo. Un ejemplo: en el caso de Madrid, donde la externalización es casi enfermiza y tiene por objetivo depreciar los servicios públicos para luego concederlos al sector privado (según ha denunciado hasta la saciedad la Coordinadora Antiprivatización de Madrid) se ha concedido la gestión de las unidades móviles a terceros. Después de una desastrosa denuncia de "privatización", la estrategia se ha declinado por hacer un llamamiento a realizar las donaciones en exclusiva en los centros hospitalarios, para desplazar al sector privado de la tarea. Políticamente es más responsable que decir que nuestra sangre tiene precio y se vende a peso.

Hay que distinguir, para que nuestra crítica sea acertada, varios campos de análisis:

1. APUNTAR: Atacar a los organismos que realizan la gestión de la sangre y los tejidos es un error fatal. Hay que identificar y ejercer el control sobre el nivel político que decide cómo se gestiona el sistema público. En el caso de contratos y concesiones es necesario conocer a esos proveedores y poner atención a sus intereses, sus políticas de recursos humanos, y todo cuanto nos ayude, en su caso, a denunciar públicamente sus movimientos. La comunicación política en este ámbito no puede ser simple ni visceral, sino el resultado de un análisis impecable, que marque las señales de alarma con precisión, sin vaguedades. 

2. PRIORIZAR: El control ciudadano del sistema de gestión de la sangre y los órganos debe poner en valor, y por delante, la necesidad del carácter público, gratuito y altruista de la donación. La gestión pública debe asegurar la transaparencia. El núcleo de la actividad debe estar bajo manos públicas sin que sea posible la participación del sector privado. Para realizar una acción política responsable al respecto es necesario anteponer la necesidad de un sistema de calidad transparente y público en el que no medio otro interés que la distribución universal y gratuita sin discriminaciones.

3. VIGILAR: Empiezan a ser habituales en este ámbito los contratos con empresas privadas u organizaciones sin ánimo de lucro -lo que no significa que no haya intereses ocultos y trapos sucios de por medio-, que se encargan de un segmento de actividad concreto. Identificar esos segmentos de actividad es crucial si queremos dirigir la acción en la buena dirección. Constituye un elemento importante descubrir los ámbitos de concesión o contratación de partenariado. En el ámbito anglosajón se conoce a estos contratos como PPP (Partenariado Público-Privado) y en España se ha importado la figura bajo la denominación de "contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado" (art. 11 LCSP). En teoría se desplaza el riesgo al privado adjudicatario del contrato, que ha realizado una determinada inversión. En la mayoría de los casos no sólo es falso que se desplace el riesgo porque apenas existe, pero además suele tratarse de contratos oscuros donde si finalmente no se recupera la inversión y no hay beneficio, los amigos vienen al rescate y lo sufragan con nuestros impuestos. Mi primera sorpresa cuando estuve en Québec fue ver que los movimientos sociales habían señalado esta fórmula de gestión como el mayor peligro para la economía pública. Aquí todavía no sabemos qué es. Pues hay que saber que la mayoría de los contratos con los amigos suelen tener esta forma. También se les conoce como contratos de leasing. 

En este punto, es importante señalar que esta actividad tiene muchos puntos de interés y todos ellos contribuyen a la salud del sistema. Aplicaciones informáticas, mecanismos de protección y seguridad (no en vano se consideran infraestructuras críticas), provisión de componentes, personal médico, adminstrativo, servicios de limpieza e higiene, ... Si hemos puesto en valor la actividad defenderemos las mejores técnicas de gestión para ella incluyendo las que requieran de control externo.

4. TERCEROS: La participación de terceros (sector privado, tercer sector) es una fuente de peligros, de aparición de corrupción, de corruptelas varias. No hay que dejar el control y la denuncia de los negocios sucios en manos de los empleados que están dentro, puesto que pone en peligro su seguridad, su empleo y su bienestar. Por otro lado hay que tener en cuenta que, en determinados casos, la participación de terceros es deseable y puede ser exigible, bien porque se necesita alguien ajeno que no falsee la información, bien porque pueden realizar esa función de vigilancia al sector público, que también genera sus propias perversiones. 

Cómo garantizar que la gestión de las transfuciones y los transplantes quede al abrigo de intereses espurios y de externalizaciones que pongan en peligro la calidad y la atención sanitaria? Pues bien, en una sociedad dinámica y bien formada el control se realizaría de forma ordinaria en una no-fórmula de movimiento social caótico pero acompasado por el conocimiento, la responsabilidad y unos objetivos claramente trazados de forma colectiva. No siendo este el caso y, vista nuestra poca destreza al comunicación política, mi opinión tiende hacia la sovietización del control, mediante consejos de supervisión en los que integrar a los profesionales de la salud, responsables administrativos de diferentes ámbitos territoriales, la ciudadanía (la organizada y la no organizada también) y, en menor medida, el sector privado, a través de un mecanismo ciego en el que todos los participantes tuvieran acceso a la información de gestión y pudieran denunciar, en su caso, la aparición de anomalías. Algo así:

"En un principio, María se alegró y no dudó ni un instante en llamar a su hermana para decirle que su empresa había sido designada para aprovisionar al centro de transfusiones de bolsas y tubos plásticos. CEFESOR estaba sobre la cuerda floja, la información no llegaba a los trabajadores, pero estaban en un punto crítico, al borde del despido; el contrato podía ser su salvación. Media hora más tarde empezaron a aparecer mensajes en el tablón de anuncios del Consejo de Salvaguarda de la Transfusión. Por la forma de escribir, la mayoría podían considerarse médicos, pero también administrativos y personal de todo tipo. La adjudicataria del contrato había tenido problemas relacionados con la calidad de los productos en otros países. Algunos mensajes detallaban cómo la empresa había querido rebajar costes disminuyendo la calidad de los productos para aumentar los beneficios y algunos países habían rescindido los contratos tras algunos episodios desagradables, forzados por la presión ciudadana, que había sido silenciada por la prensa, como de costumbre. Una lágrima descolgándose de la mejilla de María anunciaba el final: en dos días su hermana fue despedida. La calidad del sistema de transfusiones parecía estar a salvo, y ése era un motivo de satisfacción, pero... La presión ejercida por el Consejo con sus mil voces anónimas, finalmente tomó forma y los responsables de la gestión del sistema no tuvieron otro remedio que ceder y crear una empresa pública que elaboraría los materiales necesarios con el mejor material disponible. En tres semanas llamaron a la hermana de María y le propusieron incorporarse al departamento de I+D en el que se proyectaría el mantenimiento de la calidad". 

FIN